La gran renuncia. ¿Somos capaces de encontrar un sentido a nuestro trabajo?

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Imagen de Pixabay, de distribución libre

Leo en el Periódico de hoy domingo el fenómeno de ‘La gran renuncia’ que está afectando el mercado de trabajo de los EUA. Consiste en un abandono masivo de puestos de trabajo de forma voluntaria, fruto del cansancio y del síndrome de burn out que ha llevado a muchos trabajadores s su límite. A raíz de la pandemia, se han reorganizado sus prioridades y muchos trabajadores de sectores precarios han optado por reinventarse canviando de sector, anticipar la jubilación o abandonar quemados sin ninguna alternativa.

Este fenómeno realmente es la muestra clara de lo que yo siempre he pensado, al trabajo hay que ir contento y ha de tener un sentido para uno mismo, más allá de servir lógicamente para mantenernos y mantener nuestras familias. La obtención del rendimiento económico es solo la función material de nuestra ocupación. Pero hay que buscar y encontrar la función inmaterial, la función humana en la propia actividad diaria, una función que motive y aliente día a día a seguir trabajando con la misma energía e interés que el primer día.

Alguien puede pensar que a determinadas ocupaciones no se les puede encontrar esta función inmaterial, por ejemplo los trabajos repetitivos, monótonos, sometidos a condiciones extremas… pues yo creo que sí. Simplemente cuesta un poco más de encontrar, pero incluso un empleo de desgajador de pescado realizada en una cámara frigorífica, o la de un barrendero que ha de recoger residuos y basura del espacio público a la intemperie, o la de un teleoperador de una empresa de telefonía que ha de vender productos telefónicamente “a puerta fría”, pueden tener un sentido. Las condiciones de trabajo ciertamente también contribuyen a fortalecer el sentido, y esto sin duda es responsabilidad exclusiva de las empresas, pero la mentalidad del trabajador también es extraordinariamente importante.

Cuando uno está descontento en su empleo ha de hacer algo para cambiar su situación, justo lo que parece que está pasando con este fenómeno de ‘La gran renuncia’ en los EUA. Aquí demasiado a menudo la tendencia es a quejarnos y esperar que pase algo que “nos salve” de nuestra desdichada situación. La victimización y culpabilizar al resto de nuestra situación personal no nos hace crecer, nos hace ser pasivos, nos hace ser unas marionetas y nos arrebata el control de nuestras vidas y de nuestro futuro.

Pensemos en ello.

Reclamaciones contra la banca

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Credit Card Stock photos by Vecteezy

En LEX-IT Advocats, incorporamos, desde inicios del 2020, la especialización en materia de DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO.

En los últimos 15 años, especialmente después de la crisis económica de 2008, los bancos han estado comercializando multitud de productos bancarios y financieros sin facilitar la información adecuada a su clientela, ya sean particulares o empresas, práctica que ha incidido de manera directa en el bolsillo de sus clientes, lo cual se ha traducido en la interposición de miles de demandas judiciales en todo el Estado.

De este modo, tanto las leyes como la jurisprudencia han sido cambiantes en estos años, y se ha acabado creando una nueva especialización dentro del ámbito judicial.

¿Por qué es importante acudir a un Abogado especializado en Derecho Bancario?

Como en todas las ramas del derecho, es importante acudir a un profesional especializado y cualificado, que esté al día sobre la normativa aplicable en cada caso, y sobre la jurisprudencia de los Tribunales, pues, a fecha de hoy, es una materia cambiante, que va evolucionando día a día.

Hay que estar al día de todas las Sentencias de las distintas Audiencias Provinciales, del Tribunal Supremo, y también y especialmente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

¿Qué podemos reclamar?

Los productos bancarios y financieros que han sido objeto de reclamaciones y demandas judiciales son los siguientes:

  • SWAPS o ‘Permutas Financieras de Tipos de Interés”.

Son un tipo de productos derivados financieros, que las entidades financieras ofrecían a los clientes como una especie de seguro para bloquear las subidas de los tipos de interés, que solía ir vinculado a la hipoteca (o a pólizas de crédito/leasings). Aparte de las cuotas de hipoteca/leasing, los clientes debían asumir otra liquidación adicional por este «supuesto» seguro de tipos de interés, encontrándose finalmente sin poder cancelar el producto, porque los importes de cancelación anticipada ascendían a una media de 15-20.000 euros, nunca informados antes de contratar el producto.

  • CLÁUSULAS ABUSIVAS HIPOTECARIAS. Incluimos dentro de esta categoría: Cláusulas Suelo, GASTOS de Hipoteca (Notaría, registro, gestoría…), Vencimiento anticipado, Intereses de demora, Comisión de apertura, Comisión por recibos impagados, etc.

Es importante revisar con cuidado cada una de estas cláusulas, que pueden estar insertas dentro del préstamo hipotecario firmado con la entidad.

  • ÍNDICE IRPH.

Si bien es cierto que se incluiría dentro de la categoría anterior, pues es también una cláusula abusiva inserta en una hipoteca, merece especial mención.

A fecha de hoy, después de la Sentencia del TJUE del pasado 3 de marzo de 2020, y de las Sentencias del Supremo del pasado 13 de noviembre, es un tema algo complicado, pero no imposible, ya que se ha elevado una nueva cuestión prejudicial dirigida a Europa que abre la puerta a la esperanza.

  • HIPOTECAS MULTIDIVISA.

También formarían parte de las cláusulas abusivas hipotecarias, pero también merecen especial mención. Las ‘Hipoteca MULTIDIVISA’ firmadas entre los años 2006 y 2008, es muy probable que hayan aumentado su nominal, o bien se haya obligado a mantener el préstamo en YENES JAPONESES o FRANCOS SUIZOS, con el deber de abono de unas liquidaciones imposibles de asumir.

  • DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS o FONDOS De INVERSIÓN con riesgo de pérdida de capital.

Los ‘depósitos estructurados’ eran vendidos en general por las entidades como productos de renta fija, sin riesgo. Aun así, algunos de ellos sí que tenían riesgo de pérdida de capital. Lo mismo sucedía con determinados fondos de inversión. Es el caso por ejemplo del Fondo de Inversión “CX PROPIEDAD FII”, comercializado en su día por Caixa Catalunya, por el cual los clientes perdieron TODA su inversión.

  • ACCIONISTAS DE BANCO POPULAR.

Quien haya contratado acciones del Banco Popular entre 2012 y 2017 habrá visto como su inversión se ha perdido totalmente después de la desaparición de Banco Popular el 6 de junio de 2017. En estos supuestos se puede interponer reclamación, por la mala gestión y ocultamiento de información básica sobre el estado financiero del banco.

  • TARJETAS O CRÉDITOS ABUSIVOS (Revolving)

Si hace años que paga cuotas de una tarjeta bancaria, o un crédito, y nunca acaba de pagarlo, constatando que la deuda no se amortiza, quizás está pagando un porcentaje de intereses abusivo, o tiene una tarjeta de crédito de las llamadas ‘revolving’. Si es así, puede solicitar la nulidad del contrato e incluso liberarse de la deuda.

Si se encuentra en alguno de los anteriores supuestos, no dude en ponerse en contacto con nosotros, y le asesoraremos en su caso particular.

Últimas medidas laborales para empresas derivadas de la crisis del COVID-19

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LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TEMPORALES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERTES)

El gobierno español ha publicado finalmente hoy el esperado Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo), que establece las esperadas medidas en el ámbito laboral, particularmente en la flexibilización de los procedimientos para que las empresas puedan acogerse a expedientes de regulación temporales de empleo (ERTO), la regulación de los cuales descansa en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) y al Reglamento 1483/2012, de 29 de octubre.

Se prevén dos tipos de medidas en función de si derivan de causas consideradas de fuerza mayor o no:

CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Suspensiones de contratos de trabajo y reducciones de jornada que tengan como causa directa la pérdida de actividad derivada de las medidas gubernamentales adoptadas a consecuencia del COVID-19.

a) CAUSAS:

  • La suspensión o cancelación de actividades
  • El cierre temporal de locales de concurrencia pública
  • Las restricciones al transporte público y a la movilidad de las personas o mercancías
  • La falta de suministros que impida gravemente la continuación de la actividad
  • El contagio de personal de la plantilla
  • La adopción de medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria

Todas ellas tendrán que ser debidamente acreditadas.

c) PROCEDIMIENTO:

  1. Solicitud de la empresa, que se acompñará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa tendrá que comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
  2. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada, tendrá que ser constatada por la autoridad laboral, qualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
  3. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y tendrá que limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiéndole a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que tendrán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
  4. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

OTRAS CAUSAS: ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O PRODUCTIVAS

Suspensiones de contratos de trabajo y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas provocadas por el COVID-19.

a) CAUSAS:

Para la definición de las causas, se ha de acudir a lo que dispone el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, considerando que el origen de las mismas habrá de estar relacionado con el COVID-19.

Así, se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales com la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.

Concurren causas técnicas cuando se produezcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en la manera de organizar la producción y causas productivas cuando se produezcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

b) PROCEDIMIENTO:

  1. Constitución de la comisión representativa:
    • Si en la empresa no existe RLT (representación legal de los trabajadores) se integrará la comisión por:
      • Una persona para cada uno de los sindicatos más representativos y representativos del sector de actividad de la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación.
      • En caso de no conformarse una comisión sindical según el punto anterior, tres trabajadores de la propia empresa, designados democraticamente de entre toda la plantilla.
    • Si en la empresa existe RLT: la comisión se integrará por ésta.
    • En cualquier caso, la comisión representativa tendrá que estar constituida en el período improrrogables de cinco (5) días.
  2. Comunicación a la autoridad laboral e inicio del periodo de consultas con la comisión representativa durante el plazo máximo de siete (7) días.
  3. La autoridad laboral podrá solicitar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (es potestativo), que lo tendrá que remitir en el plazo improrrogable de siete (7) días.
  4. Cuando el período de consultas finalice con acuerdo, se presumirá la existencia de las causas justificativas y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por concurrencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.
  5. Concluido el período de consultas, el empresario notificará a los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de los contratos o reducción de jornada, que tendrá efectos a partir de la fecha de su comunicación a la autoridad laboral. La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de las prestaciones de desempleo.

En cualquiera de las dos situaciones que motiven el ERTE, ya sea por causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, el SEPE (Servicio Públic de Empleo Estatal) reconocerá el derecho a prestaciones contributivas de desesempleo a aquellas personas trabajadoras afectadas, aunque no cumplan con el requisito del período mínimo de cotización exigible.

Además, no se les computará el tiempo en el que se encuentren percibiendo la prestación de desempleo por causa de estas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir períodos máximos de percepción establecidos.

EXONERACIONES TOTALES O PARCIALES DEL ABONO DE LAS COTIZACIONES EMPRESARIALES

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados con base en fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 (ATENCIÓN, SÓLO LOS ERTES FUERZA MAYOR), la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autoritzado con base en esta causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situació de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera a aquélla fecha 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar llegará hasta el 75% de la aportación empresarial.

Esta exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de este período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.

La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente con la verificación de que el SEPE proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación de desempleo para el período de que se trate.

La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de comunicación necesarios para el control de la información trasladada por la solicitud empresarial, en particular a través de la información de la que disponga el SEPE, en relación a los períodos de disfrute de las prestaciones de desempleo.



La semana de las medidas en cuentagotas contra el Coronavirus

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MARTES 10 DE MARZO DE 2020. No fue hasta el pasado martes que el Gobierno del Estado Español tomó la primera medida que pretendía frenar el avance del Coronavirus, que fue la de prohibir los vuelos directos entre Italia y los aeropuertos españoles. A alguien le podrá parecer increible que hasta el lunes pasado aun hubiera tránsito aéreo normal con Italia, ¿verdad? a mi me lo ha parecido, pues era así.

MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020. Al día siguiente se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. En lo que se refiere a las medidas en materia de salud pública, dos eran las que se adoptaron:

  1. La posibilidad de que la administración sanitaria pudiera centralizar el abastecimiento y condicionar la prescripción de aquellos medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud.
  2. Se pasa a considerar excepcionalmente como situación asimilada a accidente de trabajo los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19. Una medida que beneficia a los trabajadores en perjuicio de las mutuas / empresas y en la que no queda claro qué pasaría con el complemento de IT hasta el 100% del salario que muchos convenios recogen como obligatorio para las empresas en caso de accidente de trabajo.

Aquel mismo día también se publicaba en el DOGC por parte de la Generalitat la Resolución SLT/704/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptaban medidas de distanciamiento social en relación con los eventos multitudinarios para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2. Esta resolución acordaba la celebración a puerta cerrada de los eventos deportivos, profesionales y no profesionales, que se celebrasen en Cataluña, así como la suspensión o aplazamiento de las actividades colectivas en espacios cerrados o abiertos que impliquen una concentración superior a las 1.000 personas. Si los espacios tienen aforo inferior a 1.000 personas se permite la celebración si solo se ocupa un tercio del aforo, para garantizar un espacio de separación adecuado entre participantes.

JUEVES 12 DE MARZO DE 2020. El jueves, el Consejo de Ministros del Gobierno Español aprobó otra medida: prohibir la entrada en los puertos españoles de los buques de pasaje que presten servicio de línia regular entre puertos de la República de Italia y el Reino de España que hubieran embarcado pasajeros en puerto italiano, así como prohibir también la entrada en puertos españoles de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto. Increible ¿verdad? Pues sí, hasta el miércoles pasado entraban barcos en los puertos españoles provinentes de Italia y cruceros de todo el mundo!

El mismo jueves también se publicaba el Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, para paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2. Esta ley establecía la futura gratuidad del teléfono de atención sanitaria 061, se dotaba un fondo presupuestario para el ICFA para mantener la actividad económica y estabilidad de los puestos de trabajo, se posponía el plazo de presentación y ingreso de las autoliquidaciones del impuesto sobre las estancias turísticas, habilitaba al gobierno para hacer uso de la contratación de emergencia para aquellos servicios y suministros esenciales para luchar contra la pandemia y se acordaba una reducción del canon del 2020 a asumir por parte de Fira de Barcelona, dadas las circunstancias.

Precipitadamente, por la tarde, el Gobierno catalán publicaba la Resolución SLT/719/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas adicionales para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2. Se acordaba el cierre de todos los centros educativos en cualquiera de las enseñanzas y con independencia de su titularidad pública o privada o sistema de financiación. También se suspendía la actividad lectiva-presencial de las universidades y de todas las actividades de formación del Consorcio para la Normalización Lingüística de Cataluña.

Además, el jueves por la noche, el Presidente de la Generalitat, el MHP Quim Torra, instó por televisión al confinamiento de todo el principado de Cataluña y pedía la colaboración del Gobierno de España para contribuir con el cierre de los puertos, aeropuertos y vías férreas, ámbitos sobre los que la Generalitat no ostenta competencias de gestión.

VIERNES 13 DE MARZO DE 2020. El viernes se aprovaba el Real decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Las medidas concretas más relevantes que se tomaban eran:

  1. La concesión de un crédito extraordinario al Ministerio de Sanidad para atender gastos extraordinarios del Sistema Nacional de Salud: en total 1.000 millones de euros ampliables.
  2. La potestat de regular el mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica, así como de otros productos necesarios para la protección de la salud poblacional.
  3. El derecho a una ayuda económica o la prestación directa de distribución de alimentos a las famílias de niños y niñas beneficiarias de una beca o ayuda de comedor durante el curso escolar que se encuentren afectadas por el cierre de centros educativos.
  4. La ampliació en 200 millones de euros de la línia de financiación ICO inicialmente prevista para hacer frente a la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, ampliable a las empresas del sector turístico afectadas por la crisis derivada del COVID-19.
  5. Una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la TGSS de contingencias comunes y otros conceptos de recaudación conjunta, de aquellas empresas del sector turístico, comercio y hostelería, que mantengan en alta los contratos de trabajadores fijos discontinuos durante el periodo de febrero a junio de 2020.
  6. El aplazamiento de las deudas tributarias derivadas de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones el plazo de ingreso de las cuales sea desde ahora hasta el 30 de mayo de 2020 (solo para personas con un volumen de operaciones inferior a 6.010.124 €, año 2019), previa solicitud. El aplazamiento será de seis meses y no se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses.

La Generalitat aprovaba también el viernes la Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2. Aquí lo que se acordaba era:

  • El cierre de los centros y servicios al público de bibliotecas y museos
  • La suspensión de nuevos ingresos y visitas en los centros residenciales de atención a gente mayor, personas con discapacidad y salud mental.
  • El cierre de los centros de día de las residencias que los integran cuando no se pueda garantizar la separación de espacios y profesionales.
  • Restricciones en las salidas y visitas a centros penitenciarios y de justicia juvenil.
  • El cierre de centros cívicos, casals de gente mayor, casas de mar y ludotecas.
  • La anulación de actividades que se realizan en centros abiertos y en los servicios de intervención socioeducativa dirigidas a niños y adolescentes.
  • Suspensión de actividades por parte de las entidades de educación en el ocio o asociaciones juveniles, estancias «vacances en família», etc.
  • Suspensión de actividades grupales y de formación presencial en centros y entidades de formación en el ámbito de la formación profesional para la ocupación y el resto de políticas activas de ocupación.
  • Suspensión de actividades de formación presencial de las Escuelas Agrarias del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
  • Suspensión de actividades colectivas celebradas en espacios cerrados o abiertos y que impliquen una concentración de más de 1.000 personas (en caso de aforo inferior, posibilidad de suspender o mantenir la actividad con un máximo de un tercio del aforo). Estas limitaciones y suspensiones tienen reconocida la causa de fuerza mayor.
  • Recomendación de aplazar o suspender las competiciones y eventos deportivos y de cerrar todas las instalaciones deportivas.
  • Limitación de la prestación de los servicios públicos a aquellos estrictamente necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios básicos o estratégicos.
  • Recomendación de que los mayores de 65 años o personas que sufran enfermedades crónicas o pluripatológicas salgan de casa excepto en casos de estricta necesidad, evitando los espacios de concurrencia pública y el uso del transporte colectivo urbano, interurbano y suburbano.

Más tarde llegaba la Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2. Esta resolución tomaba las siguientes medidas:

  • Transporte público: nivel de ocupación de un tercio de su capacidad y obligación de elaborar planes de contingencia para hacer frente a eventuales bajas de personal. Supresión de la venta de billetes en autobuses, cierre de las oficinas de información y atención presencial a los usuarios que no tengan separación física, refuerzo de los servicios de atención telefónica y telemática, incremento de los protocolos de higiene y limpieza, obligación de compensar los títulos de transporte no utilizados.
  • Establecimientos y actividades deportivas, de ocio y comerciales: cierre de las estaciones de esquí, esquí nórdico y estaciones de montaña; cierre de instalaciones deportivas, gimnasios y clubes deportivos; cierre de teatros, cines, salas de fiesta, discotecas, pubs, salones de baile, salas de concierto, salas de karaoke, cafés teatro, etc; cierre de bares, cafeterías, restaurantes y otros establecimientos de restauración; cierre de establecimientos de juego; cierre de parques de atracciones y parques temáticos; suspensión de tota clase de actividades de espectáculos públicos; cierre de centros comerciales a excepción de aquellos dedicados exclusivamente a la venta de productos de consumo habitual; en este ámbito, las medidas preventivas establecidas tienen reconocida la causa de fuerza mayor.
  • Servicios funerarios: la suspensión de las actividades de vela de personas muertas por la COVID-19.
  • Servicios sociales: se permite la adaptación de las condiciones funcionales a los proveedores públicos y privados para hacer frente a les contingencias derivadas del COVID-19; cierre de centros y servicios de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública: CDIAP, CAD, SEVAD, clubes sociales y prelaborales; suspensión de las actividades en los centros de día (STO, SOI i CAE); suspensión de las visitas presenciales de los Servicios Técnicos de Punt de Trobada.

Por la noche, el Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, anunciaba la inminente declaración del estado de alarma, y se produjeron múltiples desplazamientos desde la Comunidad de Madrid a otras zonas del estado.

SÁBADO 14 DE MARZO DE 2020. Finalmente, el sábado por la noche, se aprobó el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se declara el estado de alarma durante un periodo de 15 días naturales. En esencia, las medidas de este decreto son:

  1. Se limita la libertad de circulación de las personas supeditada a causas justificadas como la compra de alimentos o medicamentos, la asistencia a centros médicos, el desplazamiento o retornso del lugar de trabajo, la asistencia y cuidado a personas dependientes, etc. Por otro lado, también se faculta al Gobierno para requisar temporalmente los bienes que considere necesarios para dar cumplimiento a las finalidades del RD y para obligar a realizar prestaciones personales que estime imprescindibles.
  2. Se suspende la actividad educativa presencial (en Cataluña ya se había suspendido el viernes).
  3. Se suspende la apertura al público de locales y establecimientos minoristas excepto: comercios de alimentación y de productos de primera necesidad, farmacies, médicos, ópticas, productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, quioscos y papelería, gasolineras, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentación para mascotas, comercio por internet, tintorerías y lavanderías. Las iglesias y otros centros de culto podrán permanecer abiertos adoptándose medidas para evitar aglomeraciones (en Cataluña ya se había suspedido la apertura de grandes superfícies que no fueran de alimentación el viernes).
  4. Se decide limitar la oferta de los servicios de transporte ferroviario al 50% de su capacidad (en Cataluña la oferta del transporte público se limitaba desde el viernes a un tercio de su capacidad).
  5. Se ofrecen garantías para el suministro alimentario, de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural.
  6. Se suspenden los plazos procesales y administrativos, teniéndose que reanudar su cómputo en el momento en que pierda vigencia el Real decreto o sus posibles prorrogas.
  7. Se suspenden los plazos de prescripción y caducidad para el ejercicio de cualquiera acciones y derechos, teniéndose que reanudar su cómputo en el momento en que pierda vigencia el Real decreto o sus posibles prórrogas.
  8. En general, se recentralizan les competencies en materia de sanidad y seguridad, que se asignan a los ministerios españoles.

Llegados a este punto de la semana, se esperaban por parte del Gobierno español medidas pragmáticas y ajustadas a sus competencias. Medidas que empresas y trabajadores estamos esperando para poder eliminar incertidumbres y conocer cuál será verdaderamente el impacto de la crisis del Coronavirus en nuestras vidas y negocios.

Pero por lo que parece, el Gobierno español no ha llegado a hacer los deberes, no ha establecido aun ninguna medida fijando moratorias en las hipotecas o en los alquileres, acordando prestaciones familiares para el cuidado de hijos de las personas trabajadoras, flexibilizando los requisitos y procedimiento del ajuste temporal de plantillas a las actuales necesidades productivas, ofreciendo bonificaciones a las cuotas de Seguridad Social a los que mantengan la ocupación, etc etc.

Es increible que cuestiones tan básicas y que afectan a materias que son competencia exclusiva del estado español, no hayan sido aun resueltas dada la situación excepcional en la que nos encontramos, confinados en nuestras casas, con limitaciones a nuestras libertades. ¿Es que no había ninguna previsión de lo que podía suceder?

Quizás ahora no es el momento, pero cuando todo esto pase, alguien tendrá que asumir responsabilidades. Los gobernantes han de estar a la altura, resolver los problemas, respetarse y no aprovechar situaciones de crisi para hacer política. La ciutadanía esperamos eficacia, no eslóganes o declaraciones grotescas de unos y otros. Conocemos la magnitud del problema, nos ha quedado claro, actuaremos responsablemente, pero hemos de exigir que los que nos mandan y administran hagan su trabajo de una vez.

Entretanto, seguiremos muy atentos a lo que se vaya publicando en el BOE esta semana.



El procedimiento extrajudicial para reclamar al banco los intereses cobrados de más por el efecto de cláusulas suelo

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Este 2017 ha empezado con una urgencia para el gobierno español, y seguro que ha sido para algunos un trabajo bien incómodo. Y todo porque el pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió finalmente las cuestiones prejudiciales que varios órganos judiciales españoles le habían planteado a raíz de la polémica sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y que mantenía multitud de pleitos suspendidos pendientes de ser resueltos.

Recordemos que aquella sentencia de 2013 del Supremo estableció la nulidad de las denominadas «cláusulas suelo», pero acordando que los efectos de esta nulidad no podían retrotraerse al momento de la firma del contrato (con obligación para el banco devolver todas las cantidades cobradas de más) sino que debían ceñirse exclusivamente a la fecha de declaración de nulidad, es decir, la de la sentencia (el 9 de mayo de 2013). El fundamento de este razonamiento era muy cuestionable, dado que se alegaba un concepto nuevo en derecho: el riesgo de trastornos económicos graves (para la banca evidentemente).

Pues bien, este pronunciamiento fue muy, muy cuestionado por algunos jueces de instancia que consideraban que contravenía lo previsto en el artículo 1.303 del Código Civil y también el propio sentido de la Directiva europea 93/13 / CEE de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Es por eso que algunas de estas voces judiciales valientes se levantaron (cuestionando al Tribunal Supremo español) y pidieron ayuda al tribunal europeo para que se pronunciara sobre la conformidad de este novedoso pronunciamiento del alto tribunal con la normativa comunitaria en materia de protección de consumidores.

Y unos días antes de Navidad, el tribunal europeo se pronunció a favor de lo que era de prever, que las cláusulas suelo nulas debían tenerse por no puestas y por tanto, el pronunciamiento de limitar la retroactividad al 9 de mayo de 2013 no era conforme con la interpretación de la directiva comunitaria. Conclusión: los bancos deberían devolver todas las cantidades cobradas de más de los contratos de préstamo con cláusulas suelo nulas.

Y ante este varapalo monumental a la banca, y a la gran cantidad de consumidores afectados por cláusulas suelo (aunque no todas ellas nulas, eso hay que determinarse caso por caso), el gobierno ha tenido que tomar cartas en el asunto y entenderse con los partidos de la oposición para poder sacar adelante un real decreto que regulara la forma en que se podrá reclamar el efecto retroactivo de una cláusula suelo nula sin tener que recurrir a los tribunales.

El Real Decreto se publicó el sábado 21 de enero de 2017 y a grandes rasgos puede resumirse así:

1) Se prevé el establecimiento de una vía extrajudicial para facilitar la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por los consumidores a las entidades de crédito en aplicación de las denominadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

2) Esta vía sólo se aplica si el prestatario es un consumidor, entendiendo por tal cualquier persona física que reúna los requisitos del artículo 3 de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, es decir, las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Se excluyen por tanto las empresas o personas físicas que hayan contratado dentro del marco de su actividad (estos no es que no puedan reclamar, es que esta no es su vía).

3) Se entiende por cláusula suelo aquella estipulación que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés variable del contrato de préstamo.

4) El procedimiento de reclamación previa, que es voluntario por el consumidor, prevé:

a. Que las entidades de crédito disponen de un mes para implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales que tendrá por objeto atender las peticiones recibidas de los consumidores en esta materia (deben garantizar que este sistema sea conocido por los consumidores afectados aunque no es necesario que lo notifiquen personalmente a cada uno).

b. Una vez recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver e informar al consumidor especificando los intereses. También puede ser que la entidad considere que no procede la reclamación y así lo notifique al reclamante. Entonces habrá concluido esta fase extrajudicial.

c. El consumidor podrá aceptar o rechazar el cálculo, y en caso de aceptar acordará con la entidad la forma como se devolverá el dinero.

d. El plazo máximo para llegar a un acuerdo las partes es de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.

5) En relación a las costas procesales en los casos de desacuerdo entre las partes con interposición posterior de la correspondiente demanda judicial, la entidad de crédito sólo podrá ser condenada en costas si se obtuviera una sentencia con un pronunciamiento más favorable que la oferta recibida de la entidad en fase extrajudicial. Si el consumidor no hubiera optado por el procedimiento de reclamación previa interponiendo directamente la demanda judicial, entonces si la entidad de crédito se allanara total o parcialmente a la demanda antes de contestarla (con consignación de la cantidad reconocida) no podrá ser condenada en costas a no ser que el pronunciamiento judicial resultase más favorable para el consumidor que la cantidad consignada.

6) En cuanto al impacto de las cantidades devueltas en el IRPF el real decreto prevé:

a. No se integrarán en la base imponible

b. Si en ejercicios anteriores formaron parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma, se perderá el derecho a practicar esta deducción. Habrá que sumar a la cuota líquida estatal y autonómica devengada en el ejercicio en que se haya llegado al acuerdo con la entidad de crédito exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto a los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración a reclamar la deuda tributaria, sin incluir intereses de demora. No será necesario realizar esta operación si el acuerdo concluido con la entidad se orienta a minorar el principal del préstamo.

c. Si en ejercicios anteriores formaron parte de gasto deducible, se perderá esta consideración, debiéndose practicar una autoliquidación complementaria correspondiente a los ejercicios no prescritos, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, dentro del plazo comprendido entre la conclusión del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación de este impuesto.

Aunque el real decreto concreta bien el procedimiento extrajudicial es bien permisivo con la voluntad de la banca en el sentido de que no le impone obligaciones directas, más allá de tener que recibir las peticiones en materia de cláusulas suelo que reciban de sus clientes. No las obliga a devolver ninguna cantidad, les deja margen para decidir si la reclamación es o no procedente, y finalmente beneficia fiscalmente a aquellos consumidores que habiéndose deducido los pagos efectuados de hipoteca en la renta, opten por renunciar al retorno dinerario en favor de la amortización de capital pendiente. Por tanto, es obvio que esta será la opción de muchos afectados. También está por ver si esta opción se utilizará como una imposición por parte de la banca para forzar los acuerdos extrajudiciales.

La conclusión es que tendremos que ver los comportamientos que adoptan las diversas entidades ante las reclamaciones para valorar la eficacia de esta nueva regulación. Sería una lástima que no aprovecharan la oportunidad y obligaran a sus clientes a pleitear.

Cabe decir que a día de hoy, casi una semana después de la publicación del real decreto, las principales entidades bancarias todavía no han hecho ninguna publicidad en sus páginas web. A mi parecer siendo el asunto tan relevante y con el impacto mediático que ha tenido, no deja de resultar sorprendente esta absoluta omisión del tema, con un «estamos trabajando en el nuevo sistema de reclamación» sería suficiente, pero no, la banca cuando no gana no espavila, recuerdo un profesor que tuve hace años que siempre decía que los bancos son entidades «Sin Alma», en referencia a lo que significaban las siglas S.A. de sus denominaciones sociales. Pues eso.

Guía de bonificaciones / reducciones a la contratación actualizada

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sepe

Adjuntamos enlace a la nueva guía de bonificaciones y reducciones a las cotizaciones a la seguridad social publicada por el servicio público de empleo estatal actualizada a noviembre de 2016:

Guía bonificaciones/reducciones a las cotizaciones 2016

EL REGISTRO DE LA JORNADA DIARIA DE LOS TRABAJADORES, ¿ES OBLIGATORIO?

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advocat laboralista
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Los tribunales han terminado concluyendo que lo que se conoce comunmente como fichar en el trabajo es una obligación legal del empresario, pero no solo hay que llevar el registro, también se ha de entregar mensualmente una copia al trabajador de sus horas

Aun son muchas las empresas que no son conscientes de la obligación legal que tienen de llevar un registro diario de la jornada laboral de sus trabajadores.

Lo cierto es que ha habido un intenso debate judicial y doctrinal alrededor de esta obligación, que tiene su origen en la interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores. Vamos a ver qué dice exactamente este precepto:

“A efectos del cómputo de las horas extraordinarias, la jornada de trabajo se computará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

Tradicionalmente, al configurarse aquí el registro como un instrumento de cómputo de las horas extraordinarias, muchas empresas no han visto la necesidad de implantarlo, pues la no-realización de horas extraordinarias de los trabajadores parecería que podría eximir de la obligación. Pero recientes sentencias de la Audiencia Nacional de 2015 y 2016 han puesto de manifiesto que la obligación de llevar el registro es legal y sustantiva, puesto que la ley lo configura como la herramienta que tiene el trabajador –de hecho casi siempre, la única herramienta- para acreditar sus excesos de jornada si es que tiene.

Al respecto de ello la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) este año 2016, dictó la Instrucción 3/2016 sobre “intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias” en la que se hacía hincapié en la necesidad de exigir a las empresas el cumplimiento de la obligación de registro ordinario de la jornada laboral, considerando que en los supuestos en los que se verifique que la empresa no lleva adecuadamente el registro de jornada de sus trabajadores, las actuaciones procedentes serán, de un lado el requerimiento para el cumplimiento de la citada obligación, y, de otro, la extensión de una acta de infracción por la comisión de la infracción grave del art. 7.5 TRLISOS (“transgresión de las normas y límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, y en general, el tiempo de trabajo al que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores). La sanción que podría corresponder por la comisión de esta infracción sería en su grado mínimo de 626 euros y en su grado máximo de 6.250 euros.

Por tanto, conviene que las empresas que aun no lo hacen asuman las obligaciones siguientes:

1) Llevar un registro de los horarios de trabajo de cada trabajador, ya sea este a tiempo parcial o a tiempo completo. El registro tendrá que ser diario e incluir el horario concreto de entrada y salida de cada trabajador, con la finalidad de determinar las horas realmente realizadas cada día.

2) Elaborar mensualmente un documento donde figure el cómputo total mensual de las horas ordinarias y extraordinarias de cada trabajador. Este documento tendrá que ser entregado al trabajador junto con su nómina, habiendo sido firmada su recepción.
Los representantes de los trabajadores tendrán derecho a ser informados mensualmente de estos resúmenes entregados a los trabajadores.

3) Conservar los registros de jornada de los trabajadores durante al menos cuatro años.

El problema que se plantea es el de cómo llevar este registro en supuestos de trabajadores con jornada laboral flexible que además desarrollan gran parte de su actividad fuera del centro de trabajo, como por ejemplo sería el caso de los comerciales. En efecto la obligación impuesta responde a un modelo de organización del trabajo taylorista/fordista que en muchas ocasiones no se adecua a la realidad actual de nuestro tejido productivo.

Nuestra recomendación es que para los trabajadores que no desarrollen su jornada en el centro de trabajo se utilicen las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a fin de determinar las horas concretas de inicio y final de la jornada laboral.

La relación laboral especial del personal de alta dirección

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La prestación de servicios del personal de alta dirección ha sido tradicionalmente excluída de la legislación laboral y regulada por normas civiles y mercantiles. Pero después del reconocimiento en el Estatuto de los Trabajadores de esta prestación como relación laboral de carácter especial pasó a estar regulada por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, siendo aun plenamente vigente.

Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que desempeñan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a sus objetivos generales, con autonomía y plena responsabilidad, tan solo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad que ocupen aquella titularidad.

Se excluye la actividad que se limite al mero ejercicio del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la realización de tareas inherentes a tal cargo.

El contrato del personal de alta dirección se tendrá que formalizar por escrito, fijándose en él la duración que las partes acuerden aunque a falta de pacto se presumirá celebrado por tiempo indefinido.

Se podrá concertar un período de prueba que no podrá exceder de nueve meses si la duración del contrato es indefinida.

En el RD 1382/1985 se regulan los pactos de:

– EXCLUSIVIDAD: no se podrá celebrar ningún otro contrato de trabajo con otras empresas excepto con autorización del empresario o pacto escrito en contrario.
– NO CONCURRENCIA PARA DESPUÉS DE EXTINGUIDO EL CONTRATO: con una duración máxima de dos años y solo será válido si se dan los siguientes requisitos: 1) que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial, y 2) que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada.

Extinción del contrato

Voluntad del trabajador

El contrato se extinguirá por voluntad del alto directivo con un preaviso mínimo de tres meses, aunque este período podrá ser ampliado hasta seis meses si así se pacta en contratos por tiempo indefinido o de duración superior a cinco años. No será necesario respetar el preaviso en los casos de incumplimiento contractual grave del empresario.

En caso de incumplimiento del preaviso, el empresario tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido.

El alto directivo podrá extinguir el contrato con derecho a las indemnizaciones pactadas basándose en las causas siguientes:
a) Modificaciones substanciales de condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional, menoscabo de su dignidad, o sean decididas con grave transgresión de la buena fe por parte del empresario.
b) Falta de pago o retraso continuado en el abono del salario pactado.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales por parte del empresario, excepto los supuestos de fuerza mayor.
d) La sucesión de empresa o cambio importante de titularidad, que tenga como efecto una renovación de sus órganos rectores o del contenido y planteamiento de su actividad principal, siempre que la extinción se produzca dentro de los tres meses siguientes.

Voluntad del empresario

Podrá extinguirse el contrato por desistimiento del empresario comunicado por escrito, haviendo de preavisar en los plazos pactados o en su defecto con un mínimo de tres meses. El alto directivo tendrá derecho a percibir las indemnizaciones pactadas en el contrato y, a falta de pacto, una indemnización de siete días de salario por año de servicio con un límite máximo de seis mensualidades.

Si el empresario incumple el preaviso, el alto directivo tendrá derecho a cobrar una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido.

El contrato también podrá extinguirse por despido disciplinario basado en un incumplimiento grave y culpable del alto directivo. En el supuesto de despido declarado improcedente la cuantía de la indemnización será la pactada en el contrato siendo en su defecto de 20 días de salario por año de servicio y hasta un máximo de doce mensualidades.

El tiempo del bocadillo dentro de la jornada laboral

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¿Quien tiene derecho a una pausa para desayunar en medio de la jornada? ¿Este tiempo ha de ser a cargo de la empresa o a cargo del trabajador? ¿Es cierto que los trabajadores tienen derecho a que se les compense el tiempo del bocadillo no disfrutado?

Con este breve artículo, pretendemos aclarar este derecho y dar respuesta a las principales cuestiones que de él se derivan, más después de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2015 que resolvió sobre la naturaleza de esta pausa en un supuesto concreto, el de los trabajadores de Adif.

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A muchas empresas se da un permiso a los trabajadores para abandonar su puesto de trabajo y suspender la actividad en medio de la jornada diaria. A veces el permiso es extensivo a todos y otras veces solo afecta a un colectivo de trabajadores concretos. El tiempo de disfrute también puede ser variable, de un mínimo de quince a treinta o incluso hasta cuarenta minutos.

La fuente de regulación del permiso la encontramos en términos genéricos en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores que establece que “siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, tendrá que establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo”.

El mismo artículo 34.4 del Estatuto prevé una especificidad para los trabajadores menores de dieciocho años, que es que el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos y será obligatorio siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

Para el resto de trabajadores la duración y condiciones no se fijan por ley, sino que esta remite al contenido de los convenios colectivos y contratos de trabajo. Así es como los convenios colectivos pueden fijar duraciones diferentes (mayores de quince minutos) o condiciones diferentes para disfrutar de este permiso (para trabajadores que tengan jornadas continuadas inferiores, o bien en otra orden de cosas, que compute este tiempo como de trabajo o que no lo haga). También en contratos individuales de trabajo se podrán establecer estas particularidades.

Por tanto, el criterio a tener en cuenta para los trabajadores mayores de edad ha de ser el hecho de realizar una jornada diaria continuada de seis horas o más. Es decir que si el convenio colectivo y el contrato del trabajador no dicen nada y el trabajador realiza jornada partida de un máximo de cinco horas continuadas por la mañana, no tendrá derecho a la pausa del bocadillo (excluyendo la posibilidad de que se haya incorporado vía condición más beneficiosa).

Por tanto, del derecho al permiso se han de excluir todos los trabajadores que hagan jornadas diarias continuadas inferiores a seis horas. Y dentro de los que hagan este mínimo de seis horas si sus convenios y contratos no dicen nada, tendrán derecho a quince minutos de descanso, que NO computarán como tiempo efectivo de trabajo.

A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo núm. 14/2015, de 12 de noviembre de 2015, algunos medios de comunicación elaboraron titulares diciendo que la pausa del bocadillo no disfrutada había de ser compensada aunque no como horas extras. (Ejemplos: EL PERIÓDICO; EL PAÍS). El acento del recurso que resolvía el Supremo se ponía en determinar el tipo de compensación, que era de exceso de jornada pero no podía ser la de horas extraordinarias, calificación que originalmente le había asignado la Audiencia Nacional. Pero como muchas veces suele pasar, el hincapié de los medios se ubicaba en el propio derecho de compensación y el redactado de sus titulares daba pie a entender que todos los trabajadores que no hicieran pausa de bocadillo tenían derecho a que se les abonara. Pues nos sabe mal, pero no es así. Aquel recurso se refería a unos trabajadores concretos de Adif, que tenían reconocido el derecho a la pausa en su convenio colectivo con una retribución compensatoria adicional incluida, para el caso que no la pudieran disfrutar, y que reclamaban que les computara el tiempo de más trabajado comparativamente con sus compañeros que gozaban del descanso. Circumstancias muy particulares que hay trabajadores que también comparten y a quienes les ha de resultar muy provechosa esta sentencia, pero no a todos en general, tengan derecho o no a la pausa del bocadillo, tal como daban a entender los periódicos.

DIFERENCIAS LEGALES ENTRE EL MATRIMONIO Y LA PAREJA DE HECHO

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A raíz de nuestra intervención esta semana pasada en el Telenotícies de TV3 para aclarar cuáles son las principales diferencias legales entre casarse o hacerse pareja de hecho, y en especial los requisitos de acceso a la pensión de viudedad en un caso y en el otro, he creído conveniente abrir este nuevo apunte para hacer un resumen esquemático pero con afán exhaustivo.

El año pasado redacté un artículo sobre este tema, que hoy por hoy es de los más visitados de nuestra página web. Esto quiere decir necesariamente que, a las personas, les preocupa este tema, que se hacen preguntas y que quieren conocer qué implica una situación y otra.

EL POR QUÉ DEL NUEVO REGISTRO DE PAREJAS ESTABLES
Todo el mundo sabe qué hay que hacer para ser un matrimonio con su pareja, pero no todo el mundo sabe si debe hacer alguna formalidad para constituirse como pareja de hecho. La verdad es que el derecho civil catalán considera una pareja de hecho como aquella que convive por un vínculo afectivo análogo al del matrimonio durante un periodo ininterrumpido de un mínimo de dos años o bien de menos si tienen hijos comunes. Por tanto, no hay ningún acto para constituirse. Si se puede demostrar por cualquier medio alguno de los hechos anteriores, la pareja en cuestión ya es pareja de hecho «oficial» en Cataluña.

Ahora bien, es cierto que para acceder a determinados derechos de carácter público, como es la pensión de viudedad, de competencia exclusiva estatal y regulada por la Ley General de la Seguridad Social y otras disposiciones reglamentarias, para acreditar que existe una pareja de hecho hay algún requisito más. El Tribunal Constitucional determinó en una polémica sentencia de 2014 que no era suficiente con los requisitos de los derechos civiles propios de las comunidades autónomas, porque esto crearía un agravio en relación con los potenciales beneficiarios de la pensión de viudedad de aquellas otras comunidades que no tenían derecho civil propio, los cuales deberán acreditar la condición de pareja de hecho mediante lo previsto en la ley estatal (que es escritura pública de constitución o bien la inscripción de la pareja en el registro de parejas estables de la comunidad autónoma o del ayuntamiento del municipio de residencia de la pareja). Por este motivo, decidió declarar inconstitucional el párrafo de la Ley General de la Seguridad Social que permitía que en las comunidades autónomas con derecho civil propio se pudiera acreditar la condición de pareja de hecho a través de su propia regulación.

En este escenario, el gobierno catalán ha impulsado la creación del Registro de Parejas Estables y el parlamento acaba de aprobar la ley, justamente para facilitar esta acreditación «obligatoria» que ahora impone para todos la normativa estatal.

LAS SEMEJANZAS Y LAS DIFERENCIAS EN LOS DERECHOS *
* La regulación de los derechos y deberes de los cónyuges o convivientes durante la vigencia del matrimonio o unión estable será una cuestión que trataremos en un futuro artículo, aparte.

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